Los principales desafíos que deberá enfrentar la política social argentina ya entrado el siglo XXI están estrechamente vinculados a lo acontecido en dicho campo de políticas públicas en el último cuarto de siglo, pero también a lo que en ese período sucedió en dos planos mas generales, como lo son el vínculo del Estado con la sociedad civil (y en especial con los sindicatos) y las nuevas expresiones del federalismo en materia de responsabilidades de gestión social. Ambos fenómenos, potenciados en la década del noventa, enmarcaron las avanzadas de la coalición dominante en la búsqueda de la desregulación de aspectos relevantes de la seguridad social (tal el caso del seguro de salud, denominado obras sociales") y en la descentralización de servicios sociales como educación y salud (mas otros recursos sociales ligados a las temáticas de vivienda y alimentación). Con un discurso basado en las virtudes de las reformas de la política social en términos de su impacto potencialmente favorable en el desarrollo social, la nueva coalición socio-política liderada por Menem logró generar las condiciones (o aprovecharse de algunas pre-existentes) para un profundo cambio en las relaciones de poder respecto al modelo de centralidad estatal conformado a la luz de la segunda posguerra. En la práctica, se trató de procesos que observados ex post permiten reconocer en lo subterráneo otros objetivos, mas bien particularistas y afines a los intereses y cosmovisiones ideológicas de los ganadores en el tránsito hacia el nuevo escenario, que amplios y en favor de la integración social. Tomando en cuenta estos procesos, es menester revisar la reciente economía política de las transformaciones de la política social argentina, enfatizando para ello tanto el vínculo de las elites estatales con los actores sindicales, como la propia dinámica política de la interacción entre los líderes de los diversos niveles jurisdiccionales del Estado. Se podrá observar, así, la influencia del entorno político y socio-económico en el contenido y velocidad de las reformas de ciertas políticas sociales fundamentales. En clave de economía política, instituciones, juego estratégico entre actores relevantes y capacidad estatal, se constituyen en tres lentes analíticos de singular importancia para analizar los puntos en común de los procesos aquí explorados. Ante el interrogante de por qué sucedió lo que sucedió en términos de desregulación y descentralización de la política social, cabe responder, a modo de hipótesis, lo siguiente: lo acontecido encuentra una fuente de explicación fundamental en la escasa voluntad de la coalición dominante en los años noventa por construir una nueva institucionalidad social de signo incluyente (lo cual requería fortalecer el nivel central del Estado), utilizando por el contrario los recursos políticos a su disposición en materia social para negociar apoyos políticos de corto plazo (vía las idas y vueltas de la desregulación de las obras sociales, así como a través de la descentralización de fondos sociales de vivienda y alimentación), desplazando en el tiempo y hacia niveles inferiores de gobierno los problemas irresueltos del conflicto fiscal (vía la descentralización de la educación y la salud)."