A poco más de cinco años de la entrada en vigencia de la Reforma a la Salud en Chile, surge la necesidad de realizar una reflexión en torno a los principales objetivos y principios que guiaron este proceso y una evaluación de los principales resultados en su implementación. El desafío de las políticas públicas de conferir derechos sociales tiene una singular connotación en el marco de los sistemas de protección social, por cuanto involucra una modificación de los principios del sistema de salud chileno, reformado profundamente durante los años ochenta. Hasta ahora los procesos de transformaciones se caracterizaron por avances graduales por la vía de ir reduciendo progresivamente la segmentación de las poblaciones, la exclusión y bajas coberturas. Uno de los logros más significativos fue el fortalecimiento del sistema público de la salud, y su respectiva ampliación de coberturas con una mayor equidad en el acceso. El Acceso Universal de Garantías Explícitas, conocido como AUGE, es parte de un proceso de cambio sustantivo, antes que un intento aislado de adecuación del sistema de salud. Viene a instalar una lógica distinta, al extender las coberturas priorizadas social y sanitariamente y, en paralelo, incorpora a segmentos que estaban excluidos, dadas las barreras de acceso propias de los sistemas segmentados e inequitativos de salud. En este proceso cobra especial relevancia contar con un Ministerio de Salud que aquilatando la experiencia de un Sistema Nacional de Salud se propone un nuevo rol de rectoría sanitaria. Por otro lado el desarrollo y reposicionamiento del Seguro Público (Fondo Nacional de salud, FONASA), revierte su condición de caja pagadora, transformándose en una institución de alta calidad refrendado en múltiples estudios de opinión, logrando ejercer gradualmente un rol de seguro solidario, reaseguro y regulador competitivo en el proceso de reforma .El presente documento aborda los fundamentos del proyecto de reforma desde su formulación original y los consensos que permitieron viabilizar el proceso legislativo y finalmente la implementación del AUGE. Se hace una evaluación general de los impactos en función de los principios que le precedieron, planteando a la vez aquellos aspectos no cubiertos por falta de consenso o que a la luz de la evidencia han demostrado la necesidad de incorporar en la agenda sectorial.