En América Latina y el Caribe se observan notables contraposiciones entre las posturas sostenidas sobre el desarrollo territorial en las agendas globales, particularmente en la Agenda 2030 y en Hábitat III, y los estilos de desarrollo dominantes o realmente existentes. A partir de la década del 90 Naciones Unidas comenzó a tratar de forma ampliada la cuestión del desarrollo, incluyendo no solo dimensiones económicas sino también sociales y ambientales. Así, se fueron incorporando temas tales como infancia, población, género, educación, sostenibilidad y financiamiento para el desarrollo, entre otros; lo que implicó que tal década se denominara “la década normativa del desarrollo”. Sin embargo, no se incorporaron en igual medida las problemáticas que hacen a la dimensión política del desarrollo. Al mismo tiempo se profundizaba en el mundo un sistema político y económico desregulado, en particular en lo atinente al mundo financiero. El denominado neoliberalismo prioriza la liberalización comercial, sin tomar en cuenta los problemas específicos de competitividad, equilibrio externo y deterioro ambiental que afectaban a las economías en desarrollo. Además, dicho estilo de desarrollo, dominante en la región, se basa en una estructura productiva cuya competitividad depende de la abundancia y la explotación de los recursos naturales, lo que sesga las inversiones, la innovación y el desarrollo tecnológico, y a su vez, fomenta el uso intensivo de energía y predatorio de esos recursos. Dado que la región es una de las más urbanizadas del mundo, cuya población urbana ronda el 80% del total de sus habitantes, se propone focalizar el análisis de las disparidades territoriales de los estilos de desarrollo realmente existentes en las ciudades, entendiendo a la ciudad y el territorio como un único ecosistema a ser protegido y conservado. A tal fin, se consideran críticamente las políticas dominantes de producción del territorio a escala local, encuadradas particularmente en el urbanismo de mercado, lo cual permite reconocer los efectos de dichas iniciativas sobre las disparidades territoriales, donde los principales ausentes son los ciudadanos, sus necesidades y requerimientos.