Resumen A juzgar por la abundante expedición de leyes y de normas orientadas a modificar la estructura agraria, desde la década de los treinta, Colombia da la impresión de haber estado persiguiendo la forma más adecuada de corregir las restricciones más apremiantes, relacionadas con la inequitativa e ineficiente distribución de la tierra, que limitan el desarrollo de su agricultura y el progreso económico y social de los habitantes del campo. Pero a juzgar por los resultados, es claro que, o ha carecido de la suficiente capacidad y voluntad política para realizar las transformaciones necesarias, o ha escogido medios y estrategias que no pueden lograr los propósitos que declara la legislación, a ambas cosas. De hecho, sobre todo en los últimos cuarenta años de intentar una reforma redistributiva de la tierra, no se logró un cambio ni siquiera marginal en la estructura de la propiedad ni en la dinámica de la pobreza y la marginalidad rural, pero sí el país gastó más de 3.500 millones de dólares sólo en el intento de reformar la estructura de la propiedad rural mediante la acción del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA. En este estudio se presentan argumentos que inclinan a pensar que ha faltado capacidad política favorable a la reforma agraria pero también que ha sido equivocada la estrategia y la escogencia de los medios para lograr los objetivos. Los enfoques legislativos han cambiado su énfasis: antes de 1960 se enfocaron a definir y clarificar los derechos de propiedad, con el fin de promover el funcionamiento eficiente de los mercados de tierras y lograr una mejor asignación de la misma a fines productivos. Desde principios de la década de los años sesenta ha predominado un enfoque redistributivo de la propiedad por medio de la intervención directa del Estado, complementada con acciones típicas de programas de desarrollo rural integral. Las acciones de intervención estatal se dieron a través de programas de compra de predios para entregar en parcelaciones a campesinos sin tierra; adjudicación de baldíos y titulaciones individuales y comunitarias; fomento de la colonización; y creación, delimitación y saneamiento de resguardos, para comunidades indígenas. En un poco menos de 40 años de reforma agraria se han alcanzado los siguientes resultados: por compra y, casi en forma marginal por expropiación, se han redistribuido apenas 1.5 millones de hectáreas; a través de programas de redistribución se han beneficiado un poco menos de 102 mil familias; un poco más de 430 mil familias han obtenido títulos de propiedad sobre predios baldíos, y más de 65 mil familias de comunidades indígenas han logrado beneficiarse por la definición y delimitación de resguardos y reservas indígenas; el esfuerzo fiscal de la nación a través de asignaciones ejecutadas por el INCORA en los programas de redistribución asciende a algo más de 3.500 millones de dólares. En promedio, el gasto efectuado por familia beneficiada asciende a más de 35 mil dólares, y por hectárea redistribuida, a casi 2.450 dólares.